De la soledad al trabajo en equipo
- Liz E. Gutiérrez || Alba Quintana
- 8 jul 2020
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 20 jul 2020
En España la Medicina Legal comenzó en los despachos de los médicos forenses dependientes de un juzgado en específico. “Poco tiempo después ya nos adscribieron a dos juzgados en lugar de a uno como estaba recogido en la ley. Hacíamos el trabajo que salía directamente de ese juzgado”, explica Joaquín Lucena, médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial estableció por primera vez el concepto de Instituto de Medicina Legal (IML), así quedó en el pasado el Instituto Anatómico Forense en el que los especialistas realizaban las autopsias. “Trabajamos más de forma colectiva en servicios y esto nos ha ayudado a especializarnos”, reconoce el forense.
Los IML son órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia bajo la regulación del Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo. La normativa establece que cada ciudad con sede oficial del Tribunal Superior de Justicia debe contar con un IML, además de haber una delegación del IML en cada partido judicial. Un ejemplo son los Juzgados de Telde que cuentan con espacios para los médicos forenses: despachos y una sala equipada en el interior del edificio.
Sala equipada con material para el médico forense en los Juzgados de Telde (imágenes cedidas)
Algunas comunidades autónomas tienen cedida la competencia en la materia, como es el caso de Canarias. En concreto, el IMLyCF depende de la Dirección General de Relaciones con la Administración de la Justicia perteneciente a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Al Archipiélago le corresponden las competencias en orden a la provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como el personal tanto en régimen administrativo como laboral. La doble capitalidad ocasiona que existan dos IML, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas, ambos a cargo de sus respectivas islas menores según la provincia.
Cada ciudad con sede oficial del Tribunal Superior de Justicia debe contar con un IML
Primero se creó el IML de Santa Cruz de Tenerife de acuerdo al Decreto 198/2002, de 20 de diciembre, y cinco años más tarde en Las Palmas mediante el Decreto 83/2007, de 24 de abril. Su función es auxiliar a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil de los partidos judiciales de su ámbito territorial a través de informes periciales. Los IML en Canarias disponen de tres servicios: Clínica Forense, Patología Forense y Laboratorio Forense. También se han establecido convenios con las universidades públicas a fin de realizar actividades de docencia e investigación.
No obstante, el IML no está formado únicamente por médicos forenses, por eso el nombre completo es Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLyCF). El concepto “ciencias forenses” engloba una variedad de especialidades entre las que se encuentra la Psicología.
En Canarias hay un IMLyCF por provincia
María José Catalán, presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, relató que la presencia de los profesionales “comenzó en los juzgados de familia en 1983”. Sin embargo, el ingreso al IMLyCF junto a los trabajadores sociales se produjo de forma paulatina y diferente según la competencia fuera del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas. “En noviembre de 2014 se incorporaron primero las Comunidades sin la competencia transferida de Justicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Posteriormente se han ido sumando otras autonomías, pero algunas tienen su propia distribución de los equipos de asesoramiento judicial y no están incorporados en su conjunto a los IMLyCF, perteneciendo a estos sólo una pequeña parte del personal”, asegura Catalán que pone como a Cataluña, donde solo hay dos psicólogos en plantilla y no disponen de plazas propias de trabajadores sociales. Los Equipos de Asesoramiento Técnico Penal con trabajadores sociales y psicólogos están en el Departamento de Justicia y trabajan conjuntamente con los médicos forenses del IMLyCF en los informes de las Unidades de Valoración Integral Forense.
La presencia del psicólogo forense solo es preceptiva en el procedimiento penal de menores
Aunque hoy en día las periciales psicológicas son cada vez más solicitadas por los jueces, la presencia del psicólogo forense solo es preceptiva en el procedimiento penal de menores de acuerdo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. En el artículo 27 queda recogida la obligatoriedad de elaborar un informe acerca de la situación psicológica, educativa y familiar del menor. “Nuestro equipo técnico es específico para una función muy concreta”, explica Miguel Quintero, profesor de la UNED en Tenerife y psicólogo forense de la Administración de Justicia.
El informe pericial está regulado en los procedimientos civiles de acuerdo a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC); y en los penales por el Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882 que aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). En la LECrim se establece que “el juez acordará el informe pericial cuando, para conocer algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos”. Por su parte, la LEC añade “técnicos o prácticos” indicándose solamente que los peritos deben ser titulados.
Jesús María Vega, director del IMLyCF de Santa Cruz de Tenerife, explica que “el juez instructor coordina todo lo que se hace en un procedimiento judicial”. La prueba pericial debe enviarse siempre al juzgado y el juez solicitarla a los profesionales. “No le doy el informe ni a la víctima ni a su abogado ni al fiscal ni a la defensa. Le doy el informe al juez y él se lo pasa a las partes para que cada uno se pronuncie”, recalca Vega.
Los informes periciales no son vinculantes para el juez
Respecto a la valoración de la pericial por parte de los jueces, la abogada penalista María Rosa Díaz-Bertrana comenta que “en el Derecho Penal son una prueba de apreciación libre para el Juez o Tribunal, pero no son vinculantes. La LECrim decreta que la valoración de los dictámenes periciales se hará conforme a las reglas de la sana crítica”. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1995, RJ 1995\1811, si las conclusiones del juez difieren de las determinadas por los informes, dicho juez debe dejar claro las razones que justifiquen tal decisión ya que nos encontramos "ante un discurso o razonamiento judicial que es contrario a las reglas de la lógica, de la experiencia o de los criterios firmes del conocimiento científico".
Virginia Peña, magistrada del Juzgado de Instrucción nª 2 de Telde, le otorga una gran relevancia en el caso de la vía penal: “El informe forense es totalmente determinante para establecer si una persona es imputable o no”. Esto quiere decir determinar si el acusado tiene la capacidad para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y adecuar su actuación a esa comprensión. “Si el forense me dice que esa persona es un enfermo mental y que no entiende nada, es tan decisivo como que esa persona vaya a un psiquiátrico en lugar de a prisión”, sentencia la jueza.
Consejo Médico Forense
Debido a la complejidad de la Medicina Legal se creó el Consejo Médico Forense de acuerdo al Real Decreto 355/2014, de 16 de mayo. Se trata de un órgano consultivo en materia científico técnica dependiente del Ministerio de Justicia y adscrito a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Entre sus funciones está asesorar tanto al Ministerio de Justicia como a las Comunidades Autónomas con competencia de justicia. Los informes emitidos no son vinculantes sino que tienen carácter recomendatorio. De esta manera se facilita una coordinación nacional con representantes de las distintas profesiones que intervienen en el proceso judicial.
Las ciencias forenses se organizan y regulan de forma distinta en todos los países
Existen organizaciones como International Society for Forensic Genetics, que desarrolla protocolos internacionales para la ejecución de ADN. En el caso de Italia, Dr. Anna Barbaro, genetista forense, criminalista, profesora de Ciencias Forenses en la Universidad La Sapienza de Roma y fundadora de WAWFE (Asociación Mundial de Mujeres Forenses Expertas), explica que para la formación existen cursos de licenciatura en Criminalística o Criminología. Del mismo modo, se ofrecen cursos de perfeccionamiento en Ciencias Forenses, Criminalística, Criminología, Técnicas de Investigación Criminal, Inteligencia. A estos pueden acceder los licenciados en Biología, Química, Medicina, Jurisprudencia.
En Italia no existen institutos de medicina legal. En su lugar, los expertos forenses “trabajar para el Tribunal como Expertos o Peritos tienen que estar registrados en un registro especial del Tribunal Civil o Penal”, aclara Barbaro. Para registrarse en la lista deben presentar su currículum para demostrar experiencia en el área que quieren trabajar. Así, el juez recurre al registro para asignarle un caso. Por otro lado, para ser perito privado no hace falta apuntarse en ninguna lista.
Antoinette T. Campbell: “Mucha gente asume que se necesita un grado en criminalística”
En Estados Unidos se precisa de un grado básico en ciencias naturales: Química, Bioquímica, Biología o un grado que permita cursar un máster en Ciencias. También, se puede optar por una universidad que oferte un programa forense. “Si haces un grado en criminalística y aplicas para convertirte en forense es muy probable que no te contraten al no tener una formación en ciencias”, indica Antoinette T. Campbell, coordinadora de WWFE en USA y fundadora de Association of Women in Forensic Sciences.Inc USA. Asimismo, se necesita un certificado. Hay de distintos tipos según la cantidad de práctica y experiencia que se tenga.
El National Justice Institute fue el fundador de muchos laboratorios forenses en el país, así como programas de formación en ciencias forenses, según explica la coordinadora de WWFE. Los laboratorios están estructurados de forma distinta según el estado en el que se encuentren. La estructura más común, según Campbell, es: “Los laboratorios criminales tienen un laboratorio químico, un laboratorio para evidencias, laboratorio de ADN y análisis, examinadores de la escena del crimen, de documentos”. Para entrar a trabajar a estas organizaciones los forenses deben aplicar ya sea a un laboratorio local, federal o estatal. Asimismo, “los militares también tienen un laboratorio forense para el que puedes aplicar, al igual que los servicios secretos como el FBI”, agrega la coordinadora.
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