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La Administración canaria no invierte lo suficiente en los IML

Actualizado: 20 jul 2020


Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife (imagen propia)

Solucionar el tema de la falta de personal en los institutos de medicina legal y ciencias forenses es una responsabilidad que recae en el Ministerio de Justicia y a su vez en las Dirección de Relaciones con la Justicia de cada comunidad autónoma. Ana Sofía Fernández, profesora asociada de la ULPGC en Medicina Legal y Forense, considera que quizás este problema se solucione con el MIR. Además, lamenta: “A lo mejor han aumentado muchos juzgados pero nosotros tenemos la misma plantilla desde 2007”.


Para la médico forense se debería invertir más presupuesto en aumentar el personal. En relación a esto, Carlos Gradillas, médico forense del IMLyCF de Santa Cruz de Tenerife, critica la falta de medios personales e incentivos laborales para los funcionarios, además de la gestión del personal por parte de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia. Sobre esto último, manifiesta: “Actúa movida más por motivaciones políticas que para resolver los problemas reales que presentan los funcionarios de Justicia”.


Desde la corporación de Sí PODEMOS Canarias el diputado del Parlamento Manuel Marrero señala que debería invertirse más en los profesionales de los institutos porque estos “son fundamentales a efectos de dictaminar con garantía lo que ocurra en los procedimientos judiciales”. Asimismo, el diputado dice que desde su formación defienden que: “Los servicios públicos que hay que reforzarlos, que hay que garantizarlos, que hay que dotarlos de personal”.


La externalización

 

Respecto a la externalización de las periciales psicológicas, el diputado manifiesta: “Cuando un servicio público se externaliza pierde calidad”, puesto que al estar de por medio el tener ganancias se va en detrimento a veces del pago del personal y las contrataciones. De este modo, en su opinión, externalizar ha sido un atraso porque implica la pérdida de derechos de la ciudadanía y habría que recuperar lo público.


Se ha intentado contactar con la Consejería de Justicia y específicamente con la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia. Tras varios correos electrónicos y llamadas no han respondido para dar declaraciones. Sin embargo, se recoge en eldiario.es que Julio Pérez, el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, declaró el 4 de febrero en comisión parlamentaria que las plantillas de los IMLyCF “se han normalizado”. Por el contrario, reconoció la carencia de psicólogos para las unidades de intervención en violencia de género.


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