Más de vivos que de muertos
- Liz E. Gutiérrez || Alba Quintana
- 9 jul 2020
- 19 Min. de lectura
Actualizado: 20 jul 2020
Tranquila, espera a ser llamada. No, no es la primera vez, pero la importancia de su profesión en las decisiones judiciales siempre le causa cierto nerviosismo. “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” se dice a sí misma, esbozando una sonrisa, mientras cita una de sus películas favoritas. Al momento siguiente, el juez solicita la presencia del primer testigo y el funcionario le indica que entre. De pie, frente al micrófono, en mitad de la sala, el juez le realiza las cuestiones pertinentes:
JUEZ: ¿Usted es la psicóloga forense que trabaja en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife?
FORENSE: Sí, señoría
JUEZ: ¿Usted jura o promete decir verdad sobre lo que se le pregunte?
FORENSE: Sí, señoría
JUEZ: ¿Sabe la razón por la que está aquí?
FORENSE: Sí
JUEZ: Siéntese y comience a exponer las conclusiones de su informe pericial
Pasados quince minutos... “Con la venia, señoría, quisiera hacerle unas preguntas”cuestiona la letrada de la acusación particular. Una vez respondidas las dudas, el juez dicta: “Las acusaciones se sostienen, iremos a juicio, concluye la audiencia”.
No es una serie de ficción. No. Esto es la realidad de la intervención de la Medicina Legal y Ciencias Forenses en el sistema judicial. Y no, el juicio no trataba de un homicidio. No, los forenses no hacen únicamente autopsias. El informe pericial también puede tratarse de una valoración integral acerca de un posible caso de violencia de género. Y este es un ejemplo.
La medicina legal, especialidad que sirve de nexo entre la justicia y la medicina
Fernando Verdú, profesor de Medicina Legal y Forense y Ética Médico de la Universitat de València, describe que la misión de los médicos forenses es: “Auxiliar a los Juzgados y Tribunales en materia de conocimientos médicos y biológicos, sea en personas (traumatología, lesiones, sexología, patología, psiquiatría...) o en cadáveres, practicando autopsias. De esta forma, según expresa Ana Sofía Fernández, profesora asociada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Medicina Legal y Forense, el médico forense se encarga de resolver cuestiones médico legales que se plantean en los juzgados de instrucción, de primera instancia, penales, sociales o incluso en los contencioso-administrativo.
El médico forense es “el perito forense oficial de la Administración de Justicia para todas aquellas cuestiones de índole médicas o biológicas”, explica Joaquín Lucena, jefe del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLyCF) de Sevilla. Además, añade que un perito en términos generales es “un experto que actúa en los tribunales de justicia normalmente a petición de alguna de las partes, de la defensa o de la acusación”. Por tanto, un perito puede ser un médico forense, un psicólogo, un trabajador social o cualquier otro profesional especialista.
La profesora de la ULPGC considera que la medicina legal es una especialidad muy importante. ”Permite que los jueces puedan impartir justicia en determinadas áreas bien asesorados por peritos imparciales”, asegura. Añade que el médico forense ayuda al juez a impartir justicia en temas en los que este precisa de un perito especializado. Para Verdú, a pesar de la importante labor que realizan los forenses es necesario que los operadores jurídicos conozcan la realidad y las limitaciones de las ciencias forenses. Es decir, “todas las ciencias tienen márgenes de error y hay que ir acostumbrándose a que, los peritos, no pueden convertirse en sentenciadores”, aclara el profesor de la Universitat de València.
Ana Sofía Fernández: ”Permite que los jueces puedan impartir justicia en determinadas áreas bien asesorados por peritos imparciales"
La actuación del médico forense va desde que aparece un cadáver por muerte violenta o se manda una orden desde el juzgado. Así, como explica la docente de Medicina Legal, se realizan valoraciones corporales de víctimas de lesiones (por accidente de tráfico, violencia de género o agresión sexual). En este tipo de examen se tiene en cuenta cómo se ha producido la lesión, tiempo de curación, si existen secuelas o no, y si precisa seguimiento. En el ámbito de la psiquiatría se valora la imputabilidad de una persona y dentro de la jurisdicción civil se estudia si la persona a examinar está en pleno uso de sus facultades. Por otro lado, en el área laboral se investiga si una persona tiene limitaciones que le impidan trabajar.
“Todos estos aspectos nos sitúan hoy, más en una medicina de vivos que de muertos”, se indica en La construcción de la Medicina Legal y Forense y evolución del Derecho Sanitario en España: una tarea inacabada de María Castellano. María José Meilán, directora del IMLyCF de Las Palmas, está de acuerdo con esta afirmación. “Entonces muertos ves el día que estás de guardia, nada más, el resto solo ves vivos”, asevera ya que en la última memoria presentada a la Administración de los 25.000 informes realizados sólo 900 eran autopsias.
Incluso en el ámbito de veterinaria, pasa lo mismo. La mayoría de los animales domésticos atendidos son por maltrato. “Es cierto que en muchas ocasiones no se trabaja sobre animales fallecidos sino sobre animales vivos”, explica María Luisa Fernández, presidenta del Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias. Así, los casos en los que se tiene que demostrar el maltrato por necropsias suelen ser muy pocos.
Una vez realizada la valoración se elabora un informe pericial. En el libro ya mencionado, Castellano también alude a que “la actuación puede tener mayor o menor complejidad en su realización y se plasma en un documento escrito, que después se ratifica y defiende a lo largo del proceso”. Este se puede alargar varios meses. “El tiempo que hay entre que nosotros hacemos una autopsia y se realiza el juicio oral pues pueden pasar hasta 10 o 12 meses”, afirma Lucena. Por tanto, tienen que volver a estudiar el caso antes de acudir al juzgado.
En el juicio oral, el médico forense debe exponer su informe. Esta es la última parte del trabajo. Para la presentación del informe no hay que tener ninguna formación. Lucena afirma que es algo relacionado con la experiencia por lo que los profesionales deben ir muchas veces a hacer exposiciones a los juicios. Añade que hay juicios que son complicados porque hay muchas partes. “Intentan que tu apoyes o no apoyes las tesis que cada una de las partes defiende”, comenta el patólogo forense del IMLyCF de Sevilla. Por el contrario, señala que deben tener conocimientos acerca de las normas jurídicas sobre las que recaen sus informes.
La psicología forense, devaluada en el sistema judicial
Otra forma de auxiliar a la justicia es “ser citados como expertos”. “El perito puede ser llamado a sala para rebatir el informe emitido por otro profesional”, explica la psicóloga forense Mariana Monterrey. También deja claro que “los peritos de parte son igual de objetivos que un perito judicial. En el colegio oficial debería estar la lista del turno de oficio, si estamos significa que acreditamos nuestra experiencia y formación”, asevera. Desde el Despacho Forense DÁNAE comentan que habitualmente se cobra un porcentaje por adelantado (al momento de la firma del contrato) y otro a la entrega del informe.
Miguel Quintero, psicólogo forense en Administración de Justicia, tiene otra opinión: “En los procedimientos judiciales las periciales de parte se presuponen viciadas y sesgadas en favor de la parte. Quieren ganarse el dinero y generalmente suelen trabajar al dictado del letrado o del cliente”. Insiste en que los jueces se dan cuenta, entre otros aspectos, por la metodología: “Si soy un buen perito, mi dictamen no tendrá ni el más mínimo indicio de parcialidad”.
Miguel Quintero: “En los procedimientos judiciales las periciales de parte se presuponen viciadas y sesgadas en favor de la parte"
Así lo confirma Virginia Peña, magistrada del Juzgado de Instrucción nª 2 de Telde: “A diferencia de un perito que puede proponer una u otra parte que no dejan de ser personas contratadas por los interesados en un determinado resultado, los forenses del IMLyCF son profesionales altamente cualificados contratados por la Administración Pública para intervenir de forma independiente en el proceso.
Psicólogos en juicios
A veces los forenses no son llamados a ratificar el informe y es “más probable que te llamen cuando peritas por privado porque suelen ser litigios en los que es más difícil llegar a un acuerdo” explica Romina Rey, psicóloga forense de Godoy Consultores y Auditores para la Administración Pública y perito privado de DÁNAE. El proceso es el siguiente: “Nos llega un fax a través de Godoy o directamente a ti para que ratifiques en el juicio. Esperas con tu informe a que te pregunten y nunca llegas a entrar a la sala porque ya han llegado a un acuerdo” reconoce Rey. Incluso comenta que en otras ocasiones desconocen cómo acaban los litigios.
Quintero reconoce el incremento de la demanda de psicólogos en los foros judiciales “por el peso que tienen los factores psicológicos en mil decisiones”. Somos necesarios dentro del sistema, cada vez queda más latente y nos solicitan más periciales”, coincide Rey. A pesar de que el informe no sea vinculante para el juzgador, según su experiencia, en la mayoría de casos la decisión final se apoya en la recomendación del forense.
Romina Rey: "Somos necesarios dentro del sistema, cada vez queda más latente y nos solicitan más periciales"
Asimismo un estudio sobre la Valoración y coincidencia del informe pericial con las sentencias judiciales en materia de Guardia y Custodia y Sistemas de Comunicación en los Juzgados de la provincia de Albacete (2009 - 2013) concluye: “Se encuentra una alta coincidencia entre lo que se recomienda técnicamente en el Informe con lo que decide el juez o la juez, quedando reflejada en los casos en los que se hace referencia al informe en la sentencia judicial, con un resultado en torno al 75 %”. Otro examen de La prueba pericial y su valoración en el ámbito judicial español recuerda que “en España, a diferencia de otros países, no existe ningún estándar de admisibilidad de la prueba pericial”. A su vez, el estudio Sentencia judicial, delito sexual y pericial psicológica: enfoque transcultural* recoge una cita de López y Pueyo (2007) que afirma que en el 88 % de los casos, los jueces y los psicólogos llegan a conclusiones similares.
A pesar de la importancia en las decisiones judiciales, Quintero critica: “La especialidad de psicólogo forense no está reconocida por el Colegio Oficial de Psicólogos ni por el Ministerio de Educación”. Aunque existe la formación mediante una especialización tipo máster, el profesional reclama mayor reconocimiento en el mundo académico. En su opinión, “la psicología está devaluada en términos generales”.
Desde la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, la presidenta María José Catalán coincide en la necesidad de reivindicar la psicología dentro del ámbito judicial. “Nuestro parecer en cuanto a la denominación de los IMLyCF es que se quedaran como Institutos de Ciencias Forenses, ya que de este modo quedan incluidas todas las profesiones que trabajan en el foro”, reconoce.
El trabajo social forense pide ser más valorado
Los trabajadores sociales forenses no son profesionales asistenciales, según aclara María del Pino Cabrera, trabajadora social forense en el IMLyCF y miembro del Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas. “Somos profesionales expertos, que no podemos ser parte del procedimiento, para nosotros no existen víctimas, sino personas lesionadas, donde nuestro objetivo no es curar, ni asistir, sino informar”, apunta la profesional forense.
A pesar de la labor en la justicia de los trabajadores sociales forenses, su trabajo no está reconocido por la sociedad. “La profesión de trabajadora social forense necesita mayor valoración social y profesional”, declara Marta Simón, trabajadora social de la Unidad de Valoración Forense Integral para la Violencia de Género e Intrafamiliar del Instituto de Medicina legal de Álava. El mismo punto de vista se expone en El papel del/la trabajador/a social en la Unidad de Valoración Integral Forense de Santa Cruz de Tenerife. “La sociedad en general tiene poco reconocimiento de la importancia del Trabajador social en el ámbito de la justicia”, se recoge en el documento. Del mismo modo, se indica que se debe tener en cuenta las cuestiones sociales que hacen necesaria la actuación de los trabajadores forenses y otros peritos para dar “una respuesta judicial integral”.
María del Pino Cabrera“Somos el complemento de la información contrastada”
Por su parte, la trabajadora social forense del IMLyCF de Las Palmas considera que su profesión está valorada ya que no solapa funciones de otros miembros de equipo (médicos forenses y psicólogos forenses). “Somos el complemento de la información contrastada”, asegura. A pesar de esto, Cabrera cuenta que desde la Asociación Española de Trabajo Social Forense (ATSF) y el Consejo de Trabajo Social se está barajando la posibilidad de “realizar una acreditación como trabajador/a social forense que ayude a dar a los y las profesionales la condición de especialista”. Esto ayudaría a este tipo de profesionales para una posible promoción en la escala de funcionarios o en el convenio de laborales.
Por otro lado, Cabrera manifiesta que el trabajo social se caracteriza por ser interdisciplinar y multidisciplinar. Las áreas en las que está presente son: civil, realizan evaluaciones psicosociales, y penal, se lleva a cabo valoraciones integrales en violencia de género por lo que hay una actuación conjunta de la Unidad de Violencia de Género (médicos, psicólogos y trabajadores sociales). En esta última tarea, los trabajadores sociales llevan a cabo varias fases, según se explica en El trabajo social en las unidades de valoración forense integral: aportes específicos y modelo pericial de intervención social de Marta Simón. Primero, se hace una identificación y ajuste de la demanda del juez. Luego, se valora la contextualización de la familia en el ámbito judicial, se explicita el modelo de trabajo ampliando el objetivo del dictamen pericial. Después, se pasa a una identificación de la demanda del cliente y una redefinición de la misma. En la evaluación integral de la situación, se hace “una previa selección de la metodología a utilizar y puesta en práctica de todas las técnicas necesarias para ello”. Una vez hecho esto, se emite un diagnóstico. Tras esto, se establece un acuerdo verbal para pasar a la coordinación con los servicios socio-sanitarios. Por último, se redacta el informe pericial.
Cada instituto tiene una organización diferente
Las primeras tres imágenes corresponden a las salas de autopsias del IMLyCF de Santa Cruz de Tenerife (Imágenes propias) y las otras tres al IMLyCF de Las Palmas (Imágenes cedidas por dicho instituto)
Jesús María Vega, director del IMLyCF de Santa Cruz de Tenerife, divide las instalaciones en dos grandes grupos en función del objetivo de estudio. Las infraestructuras del servicio clínico dedicadas al reconocimiento de personas vivas en los despachos médicos de los juzgados; y las salas de autopsia y las cámaras de conservación del servicio de patología destinadas a los fallecidos. En las Islas no capitalinas también existen lugares habilitados para las autopsias.
Asimismo, disponen de un laboratorio para cuestiones técnicas, equipado en antropología forense y con exámenes radiológicos. Sin embargo, el médico forense Carlos Gradillas señala la alta carencia de recursos materiales: “No contamos con una Sección de Histopatología operativa pese a los 17 años que lleva en funcionamiento el IMLyCF. El laboratorio forense es muy precario no disponiendo tan siquiera de un analizador que permita determinar la posible existencia de enfermedades infectocontagiosas antes de practicar las autopsias”.
Carlos Gradillas: "No contamos con una Sección de Histopatología operativa pese a los 17 años que lleva en funcionamiento el IMLyCF"
En Las Palmas es similar la situación. La directora del IMLyCF, apunta que aún no está en funcionamiento el laboratorio de histopatología. En este momento están inmersos en un nuevo proyecto para adaptar una de sus salas de autopsias a la seguridad y así analizar cadáveres contagiados de Covid-19. “Hay muy poquitas en todo el país, ya está diseñada y ya van a empezar”, comenta. El objetivo es determinar las razones del avance de la enfermedad en los pacientes fallecidos.
Respecto a la organización de los equipos psicosociales, un grupo indistinto está en la base física del IMLyCF en los juzgados de La Laguna y los otros dos se encuentran en Santa Cruz de Tenerife: uno de familia y otro de menores. "El Equipo de Familia tiene una dedicación muy concreta y un ámbito territorial muy restringido. Se dedican a emitir periciales en el ámbito civil y trabajan en pareja”, explica Quintero.
“Nos trasladamos cuando el asunto judicial está en La Gomera o El Hierro” señala el psicólogo forense. Aunque el juicio puede realizarse por videoconferencia, no recomienda las evaluaciones psicológicas a distancia: “Veo sus caras pero hay matices que se me escapan como su olor. Entonces si hueles mal es un dato indicativo para mí que puede indicar desde un indicio de psicosis a una desatención parental”.
Los forenses no trabajan solos
La comisión judicial está formada, entre otros, por el juez, el secretario judicial (conocido en la actualidad como letrado de la Administración de Justicia), el fiscal, los forenses y la policía científica. Uno de los casos donde siempre actúan de forma conjunta son las muertes violentas como los homicidios.
La relación de los letrados de parte con los forenses del IMLyCF se limita a las informes periciales emitidos “sobre nuestro cliente (si vamos en el lado de la defensa) o respecto del investigado (si vamos como Acusación)”, explica María Rosa Díaz-Bertrana, abogada penalista. Añade: “Nuestra intervención es mínima. Generalmente consiste en facilitar al Instituto, a través del Juzgado, la documentación médica o psicológica de la que dispongamos”.
En cambio la magistrada del Juzgado de Instrucción nª 2 de Telde califica de “muy estrecha” la relación entre jueces y forenses en la tramitación de las causas penales. En especial durante las diligencias en fase de instrucción como el reconocimiento de hecho que consiste en reproducir los acontecimientos para saber cómo se han producido y confirmar o no la versión del supuesto autor. “Resulta muy útil no solo por los informes que nos hacen por escrito, sino también por la información verbal que nos proporciona” asegura Peña que “son colaboraciones imprescindibles para resolver lo que ha ocurrido”.
Los forenses también trabajan conjuntamente con la Policía Científica. “Se facilita la identificación del cadáver mediante las huellas dactilares, así los forenses no tienen que hacer el análisis de ADN” explica Eva María Boillos, Inspectora Jefa de sección de la Brigada Provincial de Policía Científica en Las Palmas. “Las huellas dactilares se consultan en la base de datos de delictivos por si ha estado detenido” y en caso contrario “en la base general del DNI con la autorización judicial ya que las huellas están controladas y protegidas” aclara la inspectora. Para Boillos “la relación entre la policía científica y los forenses es buena”.
No hay veterinarios forenses en la Administración de Justicia
“No existe una regulación ni a nivel de Canarias ni a nivel del Estado Español de la veterinaria forense”, confirma la presidenta del Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias. “Todo lo que se mueve en la peritación veterinaria se hace a nivel privado” añade. Por tanto, solo se necesita el título en veterinaria aunque se recomienda alguna formación más especializada “para evitar errores que puedan llevar a la invalidez de las pruebas periciales aportadas”.
Si el juez solicita a un perito veterinario ”se elige de una bolsa que elabora el Colegio Oficial de Veterinarios de cada provincia y que envía a las instancias judiciales”, explica Manuel Luis Zumbado, veterinario y colaborador en el IMLyCF de Las Palmas en cuestiones de Toxicología. Exige: “Falta un cuerpo estatal de Forenses Veterinarios al igual que sucede en humanos, lo que facilitaría a la justicia y a los ciudadanos una asistencia médico-legal veterinaria gratuita de la que hoy carecen”. Incluso reconoce que “muchas veces los ciudadanos evitan litigios de índole veterinario por el coste que supone contratar a un profesional experto en la materia”.
La veterinaria forense no está regulada en España
Para la jueza Peña es necesario que la Administración controle si el personal reúne el perfil adecuado para realizar periciales: "Harían falta unos profesionales objetivos, imparciales, contratados por la Administración que intervinieran en las causas penales con garantías para los ciudadanos”. En la práctica acuden a los veterinarios municipales pero reconoce que “en principio no tiene ese plus de confianza que da el otro informe” (realizado por forenses del IMLyCF). “Han recibido formación para un determinado trabajo y los estamos utilizando para otra cosa, con lo cual no están cualificados. No están entrenados en hacer informes periciales, entonces no saben cómo hacerlo” asegura.
Las periciales causan retrasos en juicios de violencia de género
La violencia de género es el área en la que convergen los principales profesionales forenses (médicos, psicólogos y trabajadores sociales). La jueza de Telde, expone que solicita periciales siempre en los casos de maltratos habituales. “Entonces esos informes periciales psicológicos me sirven para acreditar la existencia de un problema que se ha alargado en el tiempo y que ha dejado una huella psíquica en la víctima”, aclara la jueza. En los casos puntuales, la pericial psicológica no es necesaria porque se recurre al informe del médico forense.
“La posición oficial de la Asociación Española de Psicólogos Forenses es que la evaluación psicológica en los investigados por violencia de género debería ser exhaustiva y preceptiva”, declara Quintero. Sin embargo, esto no se hace porque no se contempla en la ley y no hay suficientes psicólogos. De hecho, el psicólogo forense ejemplifica, así, la falta de personal: “En un congreso en Las Palmas en noviembre la psicóloga de la Administración de Justicia tenía una lista de espera de dos años para hacer evaluaciones de violencia de género”.
La magistrada afirma que el problema no está en la sentencia sino en que se retrasa todo el proceso penal hasta llegar a juicio. “En violencia de género, por ejemplo, no consigo las periciales antes de un plazo de 8, 9, 10 meses”, remarca. Además, agrega que una mujer que acude al juzgado por un tema de esta índole tiene que esperar unos dos años para tener su juicio y sentencia. Esto a pesar de que por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificada en 2015, la fase de investigación de un proceso penal debe durar seis meses. De esta forma, el juez debe decidir si prescindir de los informes o pedirlos sabiendo que van a tardar.
El Archipiélago no tiene protocolo integral forense
En la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se establece que el Gobierno y las Comunidades Autónomas, con competencia en materia de justicia organizarán “los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género”.
Sin embargo, Miguel Quintero critica que en Canarias “no hay Protocolo Forense Integral para violencia de género. Se utiliza uno de ámbito nacional”.
Únicamente se aprobó el 2018 el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención de las Víctimas de Violencia de Género en la Comunidad Autónoma Canaria. En el documento se fija que la intervención será siempre a petición judicial o de la Fiscalía. En caso de guardia atiende un médico forense y si es programada tanto la mujer como el presunto agresor son citados para valoración médica, psicológica o social en el IMLyCF. “Tenemos un protocolo de valoración urgente del riesgo que pueda tener una mujer. Ese tipo de protocolos se activan solamente a solicitud del juzgado de guardia”, indica el director del IMLyCF de Santa Cruz de Tenerife.
Ley de violencia de género
Respecto a la ley de violencia de género, el psicólogo forense de familia considera que esta debería cambiarse. “Para empezar deberíamos de existir...diez veces más psicólogos forenses en la evaluación de violencia de género de los que hay ahora”, manifiesta Quintero. Asimismo, señala que todo el dinero que destinan a la propaganda (eventos como el 8M) debería invertirse en medios efectivos en la policía, en las cárceles para educar, en los juzgados para valorar correctamente a los investigados… En definitiva, “una jurisdicción bajo unos principios penales completamente distintos, una protección real a la víctima porque la víctima no está protegida”, asevera. El sistema actual no permite diferenciar bien a las víctimas en una situación real de peligrosidad de aquellas que usan el sistema para beneficiarse. Estas últimas a veces mal orientadas por sus abogados, sobre todo en los casos de custodia.
Con otro punto de vista, la jueza Peña no ve necesario cambiar la ley de violencia de género porque la ley contempla la existencia de un equipo integral. Lo que sucede es que “no nos dota la administración del personal adecuado”. “En la práctica existen en la capital de provincia, en el resto de los territorios no existe ese equipo”, lamenta la magistrada. Entonces, si una víctima acude al juzgado, y precisa de apoyo psicológico antes de ser atendida por el juez, esa ayuda no la tiene. En el caso del Juzgado de Instrucción nª 2 de Telde, la magistrada pide ayuda a una médico forense a pesar de que eso no entre en sus funciones ni tenga formación en psicología.
Miguel Quintero: “La psicología vive subordinada a la medicina”
El médico forense se encarga de la evaluación tanto física como psicológica en caso de valoración urgente de violencia de género. “No saben evaluar la personalidad, no saben cuáles son los factores diferenciales de personalidad, no saben medir el coeficiente intelectual, no saben relacionar un factor con otro factor (factores comportacionales con factores de personalidad, situacionales)”, explica el psicólogo forense. Además, “se va a hacer un nuevo protocolo de evaluación psicológico forense de la violencia de género”, añade Quintero que forma parte de los cinco psicólogos que lo están elaborando.
Existe falta de psicólogos para las Unidades de Valoración Forense Integral
La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece que todos los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberán tener una Unidad Valoración Forense Integral (UVFI). La presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia explica que la realización de las evaluaciones integrales se tienen que llevar a cabo por médicos forenses, psicólogos forenses y trabajadores sociales forenses. “Las UVFI que por ley deberían existir en todas las jurisdicciones de violencia de género pero no hay psicólogo para tanta cosa”, declara el psicólogo forense.
La valoración será tanto a la víctima como al agresor. “Un tipo que es peligroso o que no sabemos si lo es, y pone en peligro la vida y la integridad física de la mujer e hijos, con el sistema actual no tiene que pasar una evaluación psicológica”, dice Quintero. Sin embargo, cuando tenga que realizarse la evaluación no hay psicólogos suficientes.
Proceso de valoración
La directora del IMLyCF de Las Palmas señala que cuando se inicia una valoración primero se encarga una sola persona. Luego, dependiendo de las necesidades se van sumando profesionales. En caso de que el supuesto maltratador tenga algún antecedente de enfermedad mental, lo ve exclusivamente el médico forense. “Si ya hay un diagnóstico de un trastorno mental no lo ve el psicólogo”, agrega la directora. Por otra parte, la mujer maltratada empieza a ser evaluada por la psicóloga y en función de lo que se recoja, intervienen los médicos forenses. “El juzgado lo manda para valoración y nosotros decidimos quién interviene”, específica Meilán.
Matiza que los médicos intervienen primero siempre que hay indicio de enfermedad mental o lesiones. Después, el paciente puede o no pasar a valoración psicológica. Asimismo, la trabajadora social también interviene siempre a petición del médico forense.
María José Meilán: "El juzgado lo manda para valoración y nosotros decidimos quién interviene"
En el caso concreto del IMLyCF de Santa Cruz de Tenerife, Vega afirma que existe una unidad de violencia de género, que también se encarga de pericias relacionadas con agresiones sexuales sobre todo a menores, agresiones graves u homicidio. Por el contrario, el médico forense Gradillas manifiesta que “no se realizan informes integrales de violencia de género al no contar la Unidad de Valoración Integral Forense con un médico forense adscrito a la misma”. Apoyando la declaración del director, en el TFG El papel del/la trabajador/a social en la Unidad de Valoración Integral Forense de Santa Cruz de Tenerife se menciona que “La Unidad de Valoración Integral Forense de Violencia de Género está ubicada físicamente en el primer piso del palacio de justicia de San Cristóbal de La Laguna”.
En Las Palmas de Gran Canaria también existe una UVFI. La directora del IMLyCF dice que hay retraso en la unidad porque no hay psicólogos suficientes. De hecho, en la unidad solo hay un psicólogo. Así, cree que debería ampliarse la plantilla para esta área.
Equipo
Los equipos psicosociales, tal y como explica la directora del IMLyCF, son grupos de trabajo formados por psicólogos y trabajadores sociales. “Los equipos psicosociales ven familia pero no derivada de violencia de género, la derivada de violencia de género la ve el equipo de valoración integral de valoración forense integral”, aclara Meilán. Entonces, en los casos de familia el médico forense prácticamente ni interviene.
El uso de la prueba preconstituida en menores
En los casos de menores se debe tener en cuenta “si ha sido víctima de un tipo de agresión sexual en el que pudiera haber indicadores físicos aún presentes y se encargaría el médico forense”, explica la psicóloga forense Rey. De no ser así y de acuerdo a la Actuación en la Atención a Menores Víctimas en los IMLyCF, se recurre al informe pericial sobre la credibilidad del testimonio: “La única prueba de delito es el testimonio de la víctima y es difícil de validar. Los menores suelen ofrecer esa dificultad”, añade el psicólogo forense Quintero.
La prueba preconstituida se emplea a fin de “evitar la victimización secundaria de ese menor y proteger el testimonio como prueba testifical”, pues el tiempo transcurrido entre el hecho delictivo y la declaración en juicio “puede afectar a la calidad del relato” agrega Rey. “Se debería realizar en cámaras de Gesell pero en Canarias solo tenemos una en Las Palmas” indica la forense. Se trata de una habitación conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral. “Tras una mampara de cristal está la comitiva judicial y el psicólogo con un guion sobre las preguntas que los letrados quieren hacer al niño. Esa grabación constituye una prueba preconstituida”, señala Quintero.
Sala equipada para la prueba preconsitituida en el IMLyCF de Las Palmas (imágenes cedidas)
En una resolución de la Diputación del Común se recomendó a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y al IMLyCF de Santa Cruz de Tenerife a realizar programas de formación y protocolizar en un formato homogéneo regional la elaboración de informes sobre la credibilidad del testimonio en supuestos casos de abuso sexual infantil. El director del Instituto contestó que los protocolos de actuación de los psicólogos forenses son los recomendados por la Asociación de Psicólogos forenses de la Administración de Justicia (APF).
Asimismo expresa que los psicólogos forenses cuentan con el hándicap de ser personal laboral, siendo para funcionarios los convenios firmados para la formación del personal. “No obstante se conceden licencias para la formación a los profesionales que lo solicitan siempre que esté organizada por centros oficiales o asociaciones profesionales”, aclara el director. Además explica: “No todas las peritaciones psicológicas se realizan igual, y ello obedece a la falta de un protocolo único y a la diferencia de medios entre las diferentes comunidades autónomas y juzgados”.
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