Urge aumentar el gasto de personal

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (imagen cedida)

“Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLyCF) no tienen presupuesto propio, por cuanto no son entidades administrativas autónomas, están incluidos dentro de la Administración de justicia”, aclara Concepción López-Yuste, Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia. Así, la dotación de los IMLyCF de Canarias se engloba dentro la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con una cuantía de 288 486 227 € para 2020; y más específicamente en Relaciones con la Administración de Justicia (RAJ) suponiendo 6 247 776 € (2,17 % del total).

El presupuesto de los IMLyCF está en Relaciones con la Administración de Justicia dotado con 6.247.776 €

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En los Presupuestos no se desglosa la partida exacta que pertenece a los IMLyCF sino que se dividen por apartados según personal, bienes y servicios, transferencias, inversiones, etc. Ante la necesidad de ampliar la plantilla de psicólogos, la directora del IMLyCF de Las Palmas María José Meilán explica qué impide aumentar la Relación de Puestos de Trabajo: “El problema es estructural. La Administración funciona por capítulos económicos, y por tanto se trata del Capítulo I gastos de personal y no quieren incrementarlo”.

Del mismo modo, Jesús María Vega, director del IMLyCF de Santa Cruz de Tenerife, confirma que el número de psicólogos que forman parte del equipo es el mismo desde la inclusión de los psicólogos al instituto. “La incorporación de personal no es sencilla y la administración tiene que hacer una modificación de las RPT (Relación de puestos de trabajo)”, informa el director acerca de porqué no ha aumentado la plantilla en estos once años.

Del total de la partida destinada a RAJ, el 93,4 % (5 836 397 €) está en el Capítulo I y corresponde tanto a funcionarios como a laborales, al igual que no solo a miembros del IMLyCF. En cambio, la financiación de la externalización de los informes periciales se realiza mediante el Capítulo II denominado “gastos corrientes en bienes y servicios”. A pesar de que es “muchísimo más caro”, Meilán recuerda que “el Capítulo II permite los contratos con empresas, se dota con presupuesto y es como un contrato de obra y servicios, pagan por informe presentado. Al no ser gasto fijo pueden hacer más la vista gorda y sacar dinero de ahí, pero no tocan el Capítulo I”.

La Administración no quiere incrementar el capítulo económico de gastos de personal

El Capítulo II supone el 1,95 % (121 879 €) del presupuesto destinado a RAJ. Hay una sección denominada “Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.” de donde se supone que procede el dinero para pagar la externalización de las periciales. En total son 22 402 € (18,4 % del total del Capítulo II).

El problema se resolvería con la reforma de los capítulos económicos a fin de incrementar la relación de puestos de trabajo, y por tanto, el gasto de personal. Sin embargo, Meilán explica que se trata de “el mal endémico de la Administración Pública”. “Con la crisis anterior hubo cierre total, no había sustituciones ni se reemplazaron las plazas de jubilados… Ya estábamos mejor, había una cierta predisposición a crear plazas, pero ahora con el Covid-19 ya sé que significa el cierre del Capítulo I”, sentencia la directora.

En varias ocasiones, durante y después del Estado de Alarma, hemos intentado establecer una entrevista con la Directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet Parejo. Desde Secretaría de Dirección General de Justicia de Canarias se nos comunicó que no podían atendernos. Al principio dijeron que enviáramos el contenido para saber si era mejor la respuesta por vídeo o por correo, más tarde se aludió al Estado de Alarma para disculparse por estar ocupada y no contestar.